El conflicto por los impagos municipales en San Fernando escala hacia los tribunales

El Sindicato Profesional Independiente de Policías de Andalucía ha lanzado un ultimátum al Ayuntamiento de San Fernando para que aclare de inmediato los retrasos en el pago a los empleados municipales que vigilaron las pruebas de acceso a la Policía Local celebradas en abril de 2025.

Meses de espera y promesas incumplidas acumuladas en las dependencias del consistorio gaditano han agotado la paciencia de la representación sindical. Los trabajadores afectados continúan sin percibir un solo céntimo por aquellos servicios extraordinarios prestados fuera de su jornada laboral habitual. La falta de explicaciones oficiales agrava un malestar que ya supera los doce meses de duración.

El silencio administrativo como respuesta institucional

Lejos de ofrecer claridad sobre las incidencias contables, la delegada de Seguridad Ciudadana, María José Foncubierta, opta sistemáticamente por eludir cualquier tipo de contestación formal. Los escritos presentados por los representantes de los trabajadores chocan una y otra vez contra un muro de mutismo institucional que perjudica gravemente la convivencia laboral.

Las reclamaciones presentadas exigen detalles específicos que la administración local rehúsa proporcionar.

La gravedad del asunto aumenta al comprobar que algunos de los funcionarios implicados en aquel dispositivo de vigilancia se han jubilado recientemente sin ver recompensado su esfuerzo económico. Marcharse tras décadas de servicio público con facturas pendientes de abonar por parte de su propio ayuntamiento dibuja un panorama desolador para la plantilla municipal.

Una tendencia preocupante hacia la vía judicial

El recurso constante a los tribunales se ha convertido en la única llave capaz de abrir las puertas de la tesorería local. Desde el sindicato denuncian que la estrategia gubernamental se basa en prolongar artificialmente la agonía administrativa hasta obligar al empleado a demandar al consistorio.

No se trata de un caso aislado. Los servicios jurídicos contratados por la administración isleña acumulan aproximadamente seis años de impagos en determinadas partidas, evidenciando una debilidad estructural en la gestión de las cuentas públicas. Cada sentencia judicial desfavorable contra el Ayuntamiento de San Fernando incrementa notablemente el gasto público debido a las costas procesales y los intereses acumulados, un coste que termina sufragando la ciudadanía gaditana.

Medidas inmediatas o nuevas demandas

La central sindical advierte que mantendrán firme su postura de defensa de los derechos económicos de la plantilla. Si el equipo de gobierno persiste en su estrategia de ignorar los escritos formales, los juzgados de lo contencioso administrativo asumirán de nuevo la tarea de resolver lo que la política municipal es incapaz de gestionar.

Los empleados públicos ya cumplieron con creces su cometido durante aquellas pruebas selectivas. Ahora corresponde al consistorio demostrar altura de miras, asumir sus responsabilidades financieras y desenterrar los expedientes olvidados en los cajones antes de que la vía judicial vuelva a dictar sentencia contra las arcas locales.