La Justicia da la razón al Ayuntamiento de Jerez frente a la constructora que abandonó las obras de San Juan

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el conflicto judicial con la constructora que abandonó las obras de reurbanización de la plaza de San Juan y la calle Oliva. El alto tribunal ha rechazado el recurso de la empresa y ha respaldado la decisión municipal de rescindir el contrato, adoptada en abril de 2024.

La resolución confirma el pronunciamiento anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez. Sin embargo, la sentencia todavía no es firme, ya que existe la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

El fallo, conocido este lunes 9 de noviembre, supone un nuevo pronunciamiento favorable al Consistorio en una controversia que comenzó durante la ejecución de las obras. La constructora había cuestionado la decisión municipal después de denunciar problemas relacionados con los pagos y las condiciones del proyecto.

El TSJA rechaza que la constructora pudiera romper el contrato por su cuenta

Uno de los aspectos fundamentales de la sentencia es la capacidad de una empresa adjudicataria para poner fin a un contrato público. El TSJA recuerda que una constructora no puede decidir unilateralmente su rescisión, aunque considere que existen motivos suficientes para dejar de ejecutar los trabajos.

Para fundamentar su decisión, el tribunal andaluz se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según ese criterio, la empresa puede solicitar la resolución contractual y exponer sus argumentos, pero no imponerla por su propia voluntad.

En este caso, la adjudicataria alegó que resultaba imposible continuar ejecutando el contrato. Sin embargo, esa circunstancia no le otorgaba por sí sola la facultad de darlo por terminado.

El Ayuntamiento había aprobado la rescisión el 8 de abril de 2024, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía se pronunciara sobre el expediente. La constructora recurrió posteriormente esa decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En septiembre de 2025, el juzgado de Jerez respaldó la actuación municipal. Después, la empresa acudió al TSJA, que resolvió el recurso a mediados del pasado septiembre y ha mantenido el criterio favorable al Consistorio.

Una obra marcada por los retrasos y las discrepancias

El origen del conflicto se encuentra en un proyecto de transformación urbana que comenzó a prepararse en 2021. El Ayuntamiento pretendía aprovechar financiación europea vinculada a las zonas de bajas emisiones para reorganizar varios espacios del centro histórico de Jerez.

La actuación inicial comprendía un recorrido de más de 600 metros. Partía de la plaza Rafael Rivero y continuaba por San Marcos, Compañía, Francos y San Juan hasta llegar a la calle Oliva.

El objetivo era ampliar el espacio destinado a los peatones y reducir el protagonismo de los vehículos. No obstante, el proyecto mantenía la posibilidad de circulación rodada con las restricciones correspondientes.

El Ayuntamiento sacó las obras a licitación en junio de 2022 y formalizó el contrato en octubre de ese mismo año. La adjudicataria había presentado una oferta económica un 9,9% inferior al presupuesto máximo de licitación.

Los problemas aparecieron poco después del inicio de los trabajos. Durante la ejecución surgieron conducciones antiguas que no figuraban inicialmente en el proyecto, circunstancia que llevó a la empresa a solicitar una ampliación del plazo.

Posteriormente, el Ayuntamiento tramitó una modificación del proyecto que también terminó en los tribunales. En julio de 2025, un juzgado de lo Contencioso consideró que los cambios superaban los límites legales y anuló esa modificación.

Aquel pronunciamiento entendía que las circunstancias que motivaron los cambios, entre ellas la aparición de antiguas conducciones, deberían haber sido previstas por el Consistorio. Se trataba, por tanto, de un procedimiento diferente al que ahora ha resuelto el TSJA sobre la rescisión contractual.

Mientras tanto, las discrepancias entre ambas partes habían provocado la paralización de la actuación. El Ayuntamiento denunció el abandono de las obras, mientras que la constructora sostuvo que existían pagos pendientes por parte de la administración municipal.

Las obras terminaron con otra empresa y un proyecto reducido

El conflicto no impidió que finalmente se completaran los trabajos pendientes. Para ello, el Ayuntamiento adjudicó la finalización de la actuación a otra constructora.

Sin embargo, el proyecto original no llegó a ejecutarse íntegramente. La reurbanización quedó limitada a un tramo de la calle Tornería y al recorrido comprendido entre la plaza de San Juan y la calle Oliva.

De este modo, espacios como la plaza Compañía y la calle Francos, incluidos en la planificación inicial, quedaron fuera de las obras finalmente realizadas.

La sentencia del TSJA respalda la rescisión del contrato que había aprobado el Ayuntamiento, pero no convierte en válida la modificación del proyecto anulada en el procedimiento judicial anterior. Son dos controversias distintas surgidas durante una misma actuación urbanística.

Por ahora, la resolución favorable al Consistorio permanece pendiente de firmeza ante la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo.