La SGAE aplicará una tarifa del 7% a los contratos de música procesional a partir de la Semana Santa 2027

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) proyecta instaurar una tarifa fija del 7% sobre el presupuesto de los contratos celebrados con formaciones musicales para las salidas procesionales, conciertos y certámenes. Esta medida, anunciada por la delegación territorial de la entidad y respaldada en los marcos del Ministerio de Cultura, recaerá de manera exclusiva sobre las entidades contratantes —como hermandades, cofradías o ayuntamientos— y no sobre los músicos. La fecha marcada en el calendario para el inicio de esta fiscalización en los repertorios de Andalucía y de localidades como Cádiz, Jerez o San Fernando se ha fijado para la Semana Santa de 2027.

Estructura del canon y cálculo presupuestario

El porcentaje propuesto se calculará sobre el montante global que cada corporación reserve para la contratación de la banda. Para ilustrar el impacto económico en las arcas cofrades, la tasa supondrá el desembolso de los siguientes importes según el valor acordado en la firma contractual:

• Contrato de 1.000 euros: Generará un pago adicional de 70 euros en concepto de propiedad intelectual.
• Contrato de 3.000 euros: Implicará una tasa de 210 euros para la entidad organizadora.
• Contrato de 10.000 euros: Supondrá una aportación de 700 euros destinada a los derechos de autor.

Excepciones legales y dominio público en las marchas

No la totalidad del repertorio procesional estará sujeta al cobro del canon. La Ley de Propiedad Intelectual determina que las composiciones pasan al dominio público transcurridos 70 años desde el fallecimiento de su creador. Por este motivo, creaciones históricas de autores como López Farfán, Font de Anta o Germán Álvarez Beigbeder quedarán completamente exentas de la tarifa.

En el extremo opuesto, las marchas firmadas por compositores más contemporáneos —como Pedro Morales o Pedro Gámez Laserna— o creadores actuales sí devengarán el canon. La SGAE revisará las hojas de repertorio que las bandas presenten tras cada actuación contractual para determinar si las piezas interpretadas corresponden a versiones originales o a arreglos posteriores que contengan derechos vigentes.

Mecanismo de aplicación e interlocución con las cofradías

Desde la SGAE se insiste en que no se trata de una medida recaudatoria punitiva contra las formaciones musicales, sino de un canal normativo para retribuir el trabajo de los compositores de música sacra procesional. Durante los próximos meses se habilitarán rondas informativas y vías de comunicación con consejos locales de hermandades, ayuntamientos y asociaciones de compositores como Musapro, con la meta de afinar el registro de repertorios de cara a su implantación definitiva en 2027.