Conflicto laboral en San Fernando: seis informáticos apartados de sus puestos tras denunciar cesión ilegal
Seis informáticos que prestaban servicio en el Ayuntamiento de San Fernando han sido apartados de sus funciones tras interponer una denuncia por cesión ilegal de trabajadores.
Seis trabajadores del departamento de informática que prestaban servicio para el Ayuntamiento de San Fernando han sido apartados repentinamente de sus puestos de trabajo. La medida se ha ejecutado justo después de que el colectivo formalizara una denuncia ante la Administración de Justicia en la que señalan una presunta situación de cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa contratista y el propio Consistorio isleño.
Denuncia por irregularidades en la contratación
Los afectados llevaban años desempeñando tareas fundamentales para el funcionamiento diario de la infraestructura tecnológica municipal, integrados directamente en la dinámica operativa del Ayuntamiento de San Fernando. Según exponen los propios profesionales, las tareas realizadas excedían las funciones habituales de una externalización estándar, al recibir órdenes directas de responsables municipales y emplear herramientas públicas en su jornada habitual.
Ante lo que consideraban una clara anomalía en su relación laboral, los informáticos decidieron acudir a la vía judicial para reclamar el reconocimiento de su condición de empleados públicos o la regularización de su marco contractual. La respuesta operativa fue su inmediata salida de los proyectos y la retirada del acceso a los sistemas del edificio consistorial.
Impacto en el servicio público y reacción municipal
Esta decisión deja en un terreno incierto la continuidad de diversos proyectos tecnológicos que se gestionaban desde la central informática del municipio. La salida masiva de personal experimentado supone un contratiempo para la gestión de incidencias de la administración electrónica, un pilar esencial en el día a día de los vecinos de San Fernando.
Desde el ámbito sindical y social se analiza con lupa el recorrido de esta denuncia. Las demandas por cesión ilegal conllevan habitualmente inspecciones minuciosas sobre los pliegos de condiciones y el control real de la plantilla contratada. Mientras los tribunales determinan el alcance de los hechos, el colectivo de técnicos reclama una solución justa que garantice sus derechos laborales y ponga fin a la precariedad en los servicios subcontratados por la administración pública.
