El clamor de la Policía Local de San Fernando: convocatoria al Pleno contra el «abandono institucional»

La tensión en la Jefatura de la Policía Local de San Fernando ha alcanzado un punto crítico que amenaza con desbordarse. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), sección San Fernando, ha lanzado un contundente llamamiento a todos los empleados públicos para concentrarse el próximo 27 de marzo a las 08:30 horas a las puertas del Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal. Bajo el rotundo lema «Por los derechos de los empleados públicos», la plantilla exige el fin de lo que consideran años de maltrato laboral, falta de negociación y vulneración de derechos.

¿Qué ha causado este estallido? Un «bastinazo» de carencias acumuladas

El conflicto no es repentino, pero las organizaciones sindicales aseguran que la situación actual es insostenible y un auténtico bastinazo para un cuerpo de seguridad esencial. Entre las principales denuncias que han detonado esta gran movilización, los agentes exponen un extenso catálogo de deficiencias estructurales:

• Falta de material básico: Denuncian la ausencia de renovación de la uniformidad desde el año 2022.
• Riesgos laborales: Llevan dos años completos sin una empresa de prevención de riesgos laborales ni reconocimientos médicos.
• Vehículos deficientes: Se ha llegado a denunciar la falta de seguro obligatorio en algunos patrulleros y la no renovación de los contratos de renting.
• Derechos paralizados: Ausencia de regulación de la «segunda actividad», estancada desde 2007, y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que califican de totalmente obsoleta.
• Deudas y permisos: Acumulan seis años de facturas pendientes de pago a los servicios jurídicos y sufren una merma injustificada en su derecho a días de asuntos propios.

Para la ciudadanía, da lache pensar que quienes velan por la seguridad de las calles isleñas tengan que enfrentarse a diario a la falta de medios materiales básicos y a plantillas mermadas que, según afirman, no cubren las vacantes presupuestadas.

Acusaciones de represalias: el punto de mira en Cavada y Foncubierta

La movilización ha subido drásticamente de tono al incorporar acusaciones de «persecución sindical» y de un grave deterioro del clima laboral. Según han denunciado públicamente los representantes sindicales (SIP-AN y SPLI), existen supuestas represalias dirigidas especialmente contra delegados y agentes que han sido la cara visible en las manifestaciones de los últimos meses. Aseguran que estas represalias se materializan en valoraciones internas con criterios subjetivos para el acceso a unidades dependientes de la Jefatura, castigando a quienes mantienen posturas críticas o reclaman sus derechos.

Ante esta situación, el hartazgo se dirige directamente a la cúpula del gobierno local. La campaña liderada por SIP-AN no deja lugar a dudas, utilizando de forma directa y visible los hashtags #cavadadimision y #foncubiertadimision. Apuntan a la alcaldesa, Patricia Cavada, y muy especialmente a María José Foncubierta, delegada de Seguridad Ciudadana y Contrataciones. A esta última la acusan de «dejación de competencias» y de dar una imagen exterior de ciudad sin problemas, mientras las carencias operativas crecen dramáticamente en la calle.

Un llamamiento a todos los sectores municipales

Las intenciones de esta protesta del 27 de marzo van más allá del ámbito policial; buscan una movilización multitudinaria y transversal. Los agentes ya han recibido en anteriores plenos el apoyo de personal de instalaciones deportivas, trabajadores de la zona azul y asociaciones ciudadanas. Queda demostrado que hay una pechá de ciudadanos y empleados públicos dispuestos a respaldar sus reivindicaciones para acabar con este «abandono institucional». El mensaje hacia el Ayuntamiento es nítido: exigen transparencia, justicia retributiva y soluciones reales que garanticen un servicio digno para San Fernando.