Las promesas electorales de Patricia Cavada frente a la cruda realidad de San Fernando

A solo ocho meses de los comicios municipales de mayo de 2027, la alcaldesa socialista de San Fernando ha activado su maquinaria de campaña con un nuevo balance de gestión orientado a exhibir las promesas electorales de Patricia Cavada y reforzar su perfil de cara a una cuarta legislatura. La hoja de ruta expuesta por la regidora dibuja una ciudad idílica donde los proyectos marchan según lo previsto, pero este triunfalismo oficial choca de frente con la hemeroteca, el estancamiento de las grandes obras de la ciudad y el grave conflicto abierto con la Policía Local.

El desprecio a la Policía Local frente a su eficacia en la calle

El punto más sangrante de la intervención de la regidora reside en la pasividad con la que despacha la crisis de la Policía Local. En su balance mediático, la alcaldesa reduce un problema estructural de seguridad ciudadana a una simple discrepancia laboral, escudándose en que el área de Recursos Humanos mantiene reuniones permanentes y en que respeta el derecho constitucional de los agentes a manifestarse. La realidad verificada apenas unos días después desmiente por completo ese tono conciliador.

Lejos de ofrecer soluciones operativas, el gobierno municipal protagonizó el pasado miércoles una maniobra de maquillaje político al apartar a María José Foncubierta de la concejalía de Seguridad —reubicándola en el área de Presidencia que deja Fernando López Gil— para colocar al frente de la Policía Local a Jesús López Ramírez, quien ya dirigía precisamente la delegación de Recursos Humanos donde las negociaciones llevan meses encalladas. Dos días más tarde, el viernes 25 de septiembre, el rodillo del PSOE tumbó en el Pleno la moción de AxSí en defensa de la plantilla policial. La protesta del sindicato SIP-AN obligó a paralizar la sesión plenaria durante casi dos horas y media ante la negativa del ejecutivo a garantizar una Jefatura abierta las 24 horas, renovar vehículos patrulla y sistemas de transmisiones, estabilizar el cuadrante laboral y cubrir la ratio mínima de agentes por habitante.

Pese al abandono institucional y a la nula prioridad que el equipo de gobierno otorga a la seguridad de los isleños, los agentes siguen dando la cara cuando la ciudad más los necesita. La prueba más reciente se produjo a las seis de la mañana de este mismo domingo durante el aparatoso accidente en Hornos Púnicos, donde un conductor bajo los efectos del alcohol perdió el control de su turismo al incorporarse desde la avenida Rafael Alberti, arrancó varios metros de la valla perimetral y terminó empotrado contra una palmera en el jardín central de la glorieta. En cuestión de minutos, dos patrullas de la Policía Local de San Fernando se desplegaron en la zona, cortaron el tráfico para proteger al resto de conductores, practicaron la prueba de alcoholemia e instruyeron las diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Mientras el Ayuntamiento les niega medios técnicos dignos, la plantilla sostiene a pulso la seguridad en las calles.

Dónde acierta la alcaldesa según los datos verificados

Un análisis riguroso obliga a reconocer aquellos ámbitos donde los datos oficiales sí respaldan la gestión municipal. No todo en el discurso del ejecutivo local es humo, y existen partidas presupuestarias y servicios en funcionamiento que cuentan con respaldo documental comprobable en este tramo final de 2026.

Vivienda pública, ayuda a domicilio y autobús gratuito

En materia de vivienda, es cierto que las 81 viviendas públicas en régimen de alquiler social levantadas en la Ronda del Estero encaran su fase de entrega tras el verano, consolidándose como la mayor promoción pública de alquiler en ejecución dentro de la provincia de Cádiz, a la que se suma la licitación de otras 132 viviendas protegidas por 18 millones de euros. Sin embargo, la regidora pasa de puntillas sobre el hecho de que, de los casi 15 millones de euros que cuesta la promoción de Ronda del Estero, el grueso de la financiación procede de subvenciones directas del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.

También resultan veraces las cifras del servicio de ayuda a domicilio tras su remunicipalización a través de la empresa pública Hemsa, que ya atiende a un millar de usuarios con una plantilla de 350 trabajadoras y una aportación municipal cercana a los dos millones de euros anuales. Del mismo modo, el mantenimiento del autobús urbano gratuito para 2027 y la implantación sin traumas de la Zona de Bajas Emisiones se apoyan en una realidad previa: la peatonalización integral de la calle Real y el funcionamiento del tranvía metropolitano, una infraestructura ejecutada igualmente por la administración autonómica. A ello se une la rehabilitación ya consolidada del edificio del Ayuntamiento y el avance real de las obras en la Casa Lazaga.

Ilusiones, falsas esperanzas y palabrería para ganar votos

Frente a esos datos reales, buena parte de las promesas electorales de Patricia Cavada se sustentan en anuncios reciclados, plazos incumplidos y un triunfalismo que raya en lo iluso cuando se contrasta con los expedientes administrativos de los grandes proyectos de la ciudad:

• Parque de La Magdalena: La alcaldesa asegura que es una obra transparente y en su recta final, pero oculta que el recinto acumula diez años de retrasos desde su anuncio inicial, la pérdida de millones de euros en fondos europeos y un sobrecoste que ha triplicado su presupuesto hasta rondar los 23 millones de euros. Tras encadenar tres prórrogas consecutivas solo en 2026 e incumplir el último plazo fijado para este 30 de septiembre, la apertura vuelve a aplazarse hasta enero de 2027, a las puertas de las urnas.
• Club Náutico de Gallineras: Presentar como un éxito que hace dos días se entregara una revisión integral del proyecto para ver si la constructora acepta o no seguir adelante es vender una falsa esperanza. Un año después de adjudicarse el contrato —tras haber quedado desierta la primera licitación—, el solar sigue vacío y entre los socios cunde el temor real a que la adjudicataria renuncie y obligue a reiniciar todo el procedimiento desde cero.
• Polvorines de Fadricas: El Ayuntamiento acordó la compra de estos terrenos al Ministerio de Defensa en enero de 2023 por 428.000 euros. Casi cuatro años después, el enclave histórico de Punta Cantera permanece abandonado en la Lista Roja del patrimonio y el gobierno local se limita a prometer que antes de fin de año licitará únicamente la redacción del proyecto.
• Cine Alameda y Casa de la Cruz Roja: Dos promesas eternas de anteriores campañas socialistas que vuelven a postergarse hacia los presupuestos de 2027 sin que exista un solo ladrillo colocado.

Comparar la alcaldía isleña con la de Nueva York o presumir de liderazgo inversor mientras los proyectos estrella encadenan una década de vallas metálicas evidencia el propósito real de esta ofensiva mediática. Las promesas electorales de Patricia Cavada buscan anestesiar el descontento vecinal mediante titulares pagados con dinero público, confiando en que la propaganda baste para tapar los solares vacíos y las protestas de una Policía Local que, pese al desdén de su alcaldesa, sigue salvando vidas cada madrugada en las rotondas de La Isla.