La Junta intensifica las inspecciones de viviendas protegidas para detectar pisos vacíos y alquileres irregulares
El BOJA publica el plan 2026-2028, que prioriza los usos turísticos no autorizados y las operaciones por encima del precio permitido.
La Junta de Andalucía reforzará las inspecciones sobre las viviendas protegidas para comprobar que se utilizan como residencia habitual y cumplen las condiciones legales. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes, 17 de noviembre, el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028. La nueva planificación pone el foco en los inmuebles desocupados, los usos turísticos no autorizados y las ventas o alquileres por encima de los precios permitidos.
La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio pretende evitar que estos inmuebles pierdan la finalidad social para la que fueron promovidos. Para ello, organizará las actuaciones inspectoras según las características del parque residencial y la repercusión de las posibles irregularidades sobre el acceso a una vivienda asequible.
La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido la necesidad de garantizar que estas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. Según ha señalado, «una vivienda protegida debe cumplir su finalidad social durante todo el periodo de protección, y por este motivo vamos a reforzar la vigilancia para prevenir irregularidades y garantizar que se cumpla la normativa».
Viviendas vacías, alquileres turísticos y precios fuera de los límites
Uno de los principales objetivos del plan es comprobar el uso efectivo de las viviendas protegidas. Estos inmuebles deben destinarse a domicilio habitual y permanente de sus titulares, arrendatarios o personas autorizadas, mientras permanezcan sujetos a su régimen de protección.
Por ello, las inspecciones prestarán especial atención a las viviendas que puedan encontrarse desocupadas o destinadas a una segunda residencia. También se vigilará su posible explotación como alojamientos turísticos cuando ese uso resulte incompatible con las condiciones establecidas.
El control alcanzará igualmente a las operaciones de compraventa y arrendamiento. En concreto, se buscarán posibles casos en los que se exijan cantidades superiores a los precios máximos autorizados. La vigilancia incluirá, asimismo, la publicidad utilizada para ofrecer estos inmuebles.
La Junta dispone de un parque de referencia de 216.482 viviendas protegidas calificadas definitivamente entre 1996 y 2025, según los datos difundidos por el Gobierno andaluz. Su distribución por las ocho provincias obliga a establecer prioridades para organizar las inspecciones.
Las zonas con mayor presión inmobiliaria tendrán atención prioritaria
El plan establece varios criterios para decidir dónde concentrar los recursos disponibles. Entre ellos figuran los municipios más poblados, las zonas con precios inmobiliarios elevados y los ámbitos con mayor número de promociones de vivienda protegida.
También se tendrán en cuenta los territorios con una elevada concentración de viviendas turísticas. Así, la Administración pretende orientar las inspecciones hacia situaciones que puedan afectar especialmente a la disponibilidad de vivienda residencial.
Estos criterios se aplicarán en el conjunto de Andalucía, incluida la provincia de Cádiz. Sin embargo, la orden publicada no establece un listado específico de municipios gaditanos ni determina cuántas inspecciones se realizarán en Jerez, San Fernando o el resto de localidades.
Tres líneas de actuación para controlar las viviendas protegidas
El nuevo programa organiza la actividad inspectora en tres grandes ámbitos. El primero se dirige a las promociones de viviendas protegidas, tanto públicas como privadas, para comprobar que cumplen las obligaciones correspondientes a su régimen legal.
La segunda línea se centra en el destino real de los inmuebles y en las condiciones de su comercialización. De este modo, se comprobará que las viviendas mantienen el uso residencial exigido y que su oferta de venta o alquiler respeta la normativa.
La tercera actuación consiste en el seguimiento de procedimientos sancionadores ya resueltos. Su finalidad es prevenir que vuelvan a producirse incumplimientos en casos donde anteriormente se hayan detectado infracciones.
Además, el plan permite realizar inspecciones no programadas cuando aparezcan situaciones que requieran una intervención específica. Estas actuaciones podrán plantearse a partir de denuncias, información conocida por las delegaciones territoriales o indicios de posibles incumplimientos.
Dos años de vigencia y evaluación anual
La orden publicada en el BOJA establece una vigencia inicial de dos años desde el 18 de noviembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante una anualidad adicional. El documento se adapta a la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía.
Durante su aplicación se elaborará un informe anual para evaluar el cumplimiento de los objetivos y detectar posibles problemas. Asimismo, una vez concluido el periodo de vigencia, se realizará una evaluación general de los resultados.
La planificación también contempla controles periódicos de la actividad inspectora. El BOJA fija las prioridades y las líneas de actuación, aunque no publica una cifra concreta de inspecciones previstas ni un calendario individualizado de visitas a los inmuebles.



