El Juzgado condena al Ayuntamiento de San Fernando a indemnizar a un policía local herido en acto de servicio

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha fallado a favor del abono de la indemnización al Policía de San Fernando que resultó herido en acto de servicio, obligando al Ayuntamiento a cubrir la suma que quedó pendiente tras declararse la insolvencia del autor material de las lesiones. La resolución estima de manera íntegra el recurso presentado por los servicios jurídicos del Sindicato Independiente de Policía Local de Andalucía (SIP-AN), condenando a la administración municipal al pago del principal, los intereses legales y las costas generadas por el procedimiento.

Aplicación del principio de indemnidad judicial

El litigio se originó a raíz de una intervención en la que el agente sufrió lesiones físicas directas. Aunque la vía penal reconoció la agresión y fijó la correspondiente compensación económica a cargo del infractor, este se declaró formalmente insolvente, dejando desprotegido al funcionario. Ante la negativa municipal a asumir subsidiariamente esa cuantía, el sindicato elevó la reclamación a los tribunales contenciosos.

La resolución, que ya ha adquirido firmeza, fundamenta su decisión en la consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre el denominado principio de indemnidad. Este criterio jurisprudencial establece que los empleados públicos no deben soportar patrimonialmente los daños derivados del desempeño de sus funciones cuando concurren tres condiciones claras:

• Las lesiones se producen en el ejercicio directo de las labores policiales encomendadas.
• El agresor resulta condenado pero carece de solvencia económica para satisfacer la responsabilidad civil.
• No media negligencia ni dolo por parte del agente en el desarrollo del operativo.

Costas procesales e intereses para las arcas municipales

El fallo judicial no solo impone al Ayuntamiento de San Fernando el abono directo de la indemnización que el autor de los hechos eludió abonar. Además, el magistrado ha ordenado el pago de los intereses legales devengados por el retraso administrativo y ha condenado en costas a la corporación local, incrementando el coste económico que supondrá para las arcas municipales haber dilatado el reconocimiento del derecho.

Desde la sección sindical de SIP-AN en San Fernando han valorado positivamente esta resolución, remarcando que sienta un precedente de respaldo material frente a los riesgos cotidianos de la plantilla. La sentencia garantiza que los agentes que patrullan las calles isleñas cuenten con el respaldo institucional necesario ante situaciones de agresión o resistencia violenta en la vía pública.

Protección jurídica en las plantillas policiales de la Bahía de Cádiz

La situación abordada por el tribunal gaditano refleja una problemática recurrente en la Bahía de Cádiz y en el conjunto de Andalucía, donde las intervenciones con individuos insolventes dejan con frecuencia indemnizaciones sin cobrar. El pronunciamiento judicial recuerda a las corporaciones locales su deber de tutela efectiva sobre quienes integran los cuerpos de seguridad municipal.

Con este dictamen firme, el Consistorio isleño deberá ejecutar el abono económico al agente afectado, cerrando un litigio que refuerza las garantías laborales y personales de la Policía Local frente a agresiones en la vía pública.