El Ayuntamiento de San Fernando acumula nuevas denuncias por bloquear información sindical clave

El Sindicato Profesional Independiente de Policías de Andalucía ha llevado formalmente al Ayuntamiento de San Fernando ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tras reiteradas negativas municipales a facilitar las actas íntegras de las Mesas de Negociación, Comisiones Paritarias y Comités de Seguridad y Salud que datan desde el año 2019.

Un muro administrativo en La Isla

La falta de acceso a la documentación oficial genera un escenario complejo para la representación de los empleados públicos locales. Desde la organización sindical denuncian que esta opacidad obstaculiza directamente la defensa de los derechos laborales en procedimientos tanto administrativos como judiciales. Los representantes de la plantilla municipal aseguran que el consistorio isleño utiliza trabas burocráticas sistemáticas para silenciar la fiscalización interna y dificultar el trabajo diario de los delegados.

Lejos de ser un caso aislado, esta reclamación ante los organismos competentes se suma a un historial prolongado de conflictos abiertos entre el gobierno local y los colectivos de trabajadores. La Inspección de Trabajo ya ha emitido varios avisos por infracciones reiteradas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y las condiciones de seguridad en distintos centros operativos del municipio.

Costes judiciales y fondos públicos

El impacto económico de esta gestión genera fricciones constantes en la administración local de San Fernando. Los recursos públicos se ven comprometidos debido a decisiones que terminan resolviéndose en los tribunales. Entre los frentes abiertos destacan:

• Falta de uniformidad: Litigios activos desde el año 2022 derivados de la persistente carencia de equipamiento y vestuario adecuado para los agentes municipales.
• Reclamaciones económicas: Múltiples demandas sobre indemnizaciones pendientes y derechos salariales que el gobierno local se niega a reconocer por la vía amistosa.
• Costas procesales: Obligación de sufragar los costes económicos derivados de perder reiteradamente los litigios judiciales planteados por la plantilla.

Desde la perspectiva sindical, la estrategia del consistorio implica un despilfarro innecesario de dinero público. Desatender las demandas legítimas y obligar a los empleados a pleitear constantemente desemboca en un doble desembolso para las arcas municipales: el coste inicial de ignorar los derechos y la factura final impuesta por los juzgados tras cada sentencia desfavorable.

Falta de respuestas y futuro en los tribunales

La tensión se extiende a otros departamentos municipales, abarcando procesos selectivos, cuestiones de personal y asuntos vinculados de manera directa a la Delegación de Seguridad Ciudadana. La organización sindical mantiene una postura frontal frente a lo que califica como un intento deliberado de vaciar de contenido la acción sindical mediante el silencio administrativo.

Las vías legales seguirán su curso con total firmeza en los próximos meses. El sindicato advierte que mantendrá la presión institucional acudiendo de forma sistemática a la Inspección de Trabajo, al Consejo de Transparencia y a la jurisdicción contencioso-administrativa tantas veces como sea necesario para garantizar la estricta legalidad vigente en la gestión diaria del Ayuntamiento de San Fernando.