El caso del presunto maltrato en una guardería de Jerez suma un nuevo capítulo judicial. El Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha decidido investigar a una tercera trabajadora del centro tras el análisis de las pruebas y testimonios recabados en los últimos meses. Con esta nueva imputación, ya son tres las personas bajo el foco de la justicia por comportamientos violentos contra menores de corta edad.
Cronología del caso de maltrato en la guardería de Jerez
La investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por varios progenitores, quienes notaron cambios de comportamiento y marcas físicas en sus hijos. Las pesquisas iniciales se centraron en la propietaria y una empleada, pero las diligencias han acabado salpicando a una tercera integrante de la plantilla.
Los hechos que se investigan bajo la premisa de maltrato en una guardería de Jerez incluyen:
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Agresiones físicas recurrentes: Se investigan tirones de pelo, pellizcos y zarandeos a niños de entre cero y tres años.
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Coacciones durante la comida: Existen indicios de que se forzaba a los menores a ingerir alimentos de forma violenta.
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Trato degradante: Los informes apuntan a un clima de gritos y vejaciones constantes que afectaban a la integridad moral de los alumnos.
Pruebas clave: Cámaras de seguridad
El avance de la instrucción ha sido posible gracias al visionado de las cámaras de seguridad del centro. Las grabaciones habrían captado escenas que ratifican las sospechas de los padres. Estas pruebas gráficas son fundamentales para sustentar la acusación de maltrato en una guardería de Jerez, ya que muestran de forma directa la interacción de las trabajadoras con los bebés.
Medidas cautelares y situación judicial
Actualmente, las tres investigadas tienen prohibida la entrada al centro y la comunicación con los menores afectados mientras dure el proceso. La comunidad educativa de Jerez sigue con consternación este caso, que ha puesto en alerta los protocolos de inspección en las escuelas infantiles privadas de la zona. Las familias, por su parte, mantienen la exigencia de que se depuren responsabilidades penales por el daño causado a los menores.
