Andalucía denuncia que el decreto estatal sobre centros de datos amenaza su desarrollo tecnológico

José Antonio Nieto critica las restricciones aprobadas por el Gobierno y anuncia que la Junta estudia recurrir la norma.

La Junta de Andalucía ha criticado la aprobación definitiva del real decreto estatal que regula los centros de datos. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, sostiene que la normativa impone obstáculos al crecimiento tecnológico y perjudica la soberanía digital de Andalucía y del conjunto de España. Ante esta situación, el Gobierno andaluz contempla recurrir la disposición.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1032/2026 el 20 de noviembre. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 21, establece requisitos energéticos, medioambientales y de soberanía digital para estas instalaciones.

Nieto ha lamentado que el Ejecutivo central mantenga una regulación que Andalucía pidió modificar desde su fase de borrador. Aunque reconoce que se han incorporado algunos cambios, considera que siguen existiendo importantes dificultades para desarrollar las infraestructuras tecnológicas que necesita el país.

«El último Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente un decreto que ojalá nunca hubiese visto la luz», ha declarado el consejero. Asimismo, ha expresado su «profunda preocupación por la falta de sensibilidad del Gobierno de España» ante la necesidad de contar con suficientes centros de datos.

La Junta advierte del impacto sobre la inteligencia artificial

La preocupación del Gobierno andaluz se centra en el papel de estas instalaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial, los servicios digitales y la capacidad tecnológica propia. Los centros de datos alojan los equipos necesarios para almacenar y procesar grandes cantidades de información.

Nieto considera que disponer de estas infraestructuras resulta imprescindible para que Andalucía pueda competir en una industria estratégica. Por ello, critica la «falta de visión del Ejecutivo central» y advierte de que las restricciones pueden dificultar el aprovechamiento de las oportunidades económicas vinculadas a la IA.

El consejero sostiene que la regulación aprobada perjudica las posibilidades de crecimiento del sector tecnológico. También considera que limita la capacidad de España para reforzar su autonomía en el almacenamiento y procesamiento de información.

La controversia llega en un momento de especial interés inversor para Andalucía. El pasado 19 de noviembre, durante una visita a las obras de un centro de datos en Escúzar, Granada, Nieto señaló que la comunidad cuenta con cerca de una veintena de proyectos vinculados a estas instalaciones, con inversiones previstas próximas a los 10.000 millones de euros.

Esas cifras corresponden a proyectos e inversiones anunciadas, no a pérdidas económicas acreditadas por la aprobación del decreto. La Junta teme que las nuevas exigencias dificulten su desarrollo.

Qué establece el decreto aprobado por el Gobierno

El texto estatal introduce condiciones relacionadas con el consumo eléctrico, la eficiencia energética, el uso del agua y la contribución de los centros de datos a la soberanía digital. Su finalidad declarada es ordenar el crecimiento de estas instalaciones y evitar impactos negativos sobre los recursos energéticos y medioambientales.

En concreto, buena parte de las obligaciones se dirige a centros de datos con una potencia de acceso a la red eléctrica igual o superior a 10 megavatios. La norma también establece requisitos de información para determinadas instalaciones de menor tamaño.

Además, contempla condiciones específicas para proteger determinados sistemas de información sensibles y un régimen transitorio para proyectos europeos relacionados con la inteligencia artificial y la soberanía digital.

El Gobierno central justifica la regulación por la necesidad de compatibilizar el crecimiento tecnológico con la disponibilidad de electricidad, la incorporación de energías renovables y la protección ambiental. Sin embargo, la Junta cuestiona que las condiciones elegidas permitan alcanzar ese equilibrio sin perjudicar las inversiones.

Andalucía estudia recurrir el real decreto

Ante la aprobación definitiva, José Antonio Nieto ha anunciado que la Junta contempla presentar un recurso contra la normativa. El consejero entiende que la regulación va en contra de los intereses del sector, del desarrollo económico y de la soberanía digital de Andalucía y España.

La posibilidad de recurrir el decreto no supone que la impugnación ya se haya presentado. Por ahora, el Ejecutivo andaluz ha comunicado que estudia esa opción.

Nieto defiende que las exigencias medioambientales no deben convertirse en una barrera para desarrollar nuevas infraestructuras. «Es posible compatibilizar la protección medioambiental y la eficiencia energética con el desarrollo de las infraestructuras digitales», ha afirmado.

Esta posición mantiene la línea de las alegaciones que la Junta presentó durante la tramitación del decreto. De hecho, el Consejo de Gobierno andaluz ya había reclamado en septiembre una regulación técnicamente viable y capaz de combinar sostenibilidad, inversión y empleo.

El consejero insiste en que Andalucía necesita disponer de capacidad tecnológica propia para avanzar en inteligencia artificial e innovación. Por ello, reclama al Gobierno central un marco regulatorio que permita desarrollar las infraestructuras digitales sin renunciar a los objetivos de protección ambiental.

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