El laberinto de los juicios rápidos: El alto precio de la conformidad en el Sistema Viogén por no perder a los hijos
Las medidas para descongestionar los juzgados empujan a muchos investigados a aceptar la culpabilidad bajo el temor de largas separaciones de sus hijos, desencadenando consecuencias sociolaborales que terminan afectando a los propios menores.
La saturación de la administración de justicia ha consolidado los juicios rápidos como la herramienta principal para evitar el colapso de los tribunales. Sin embargo, en el ámbito de la violencia de género, la celeridad de este procedimiento está generando situaciones de profunda vulnerabilidad para aquellos que se ven inmersos en el sistema.
El protocolo es tajante: ante una denuncia, el presunto agresor es inmediatamente detenido y trasladado a los calabozos, donde puede permanecer más de 24 horas hasta su puesta a disposición judicial. La presunción de inocencia, pilar del derecho, choca en la práctica con unas medidas preventivas de máximo rigor. Apenas 36 horas después de salir del calabozo, aún en estado de shock, el investigado se enfrenta a la vista judicial.
Es en este punto crítico donde surge el mayor dilema. Cuando hay menores implicados, la instrucción del caso puede prolongarse más de un año, periodo durante el cual se pueden dictar medidas cautelares que impidan al investigado ver a sus hijos. Ante esta tesitura, muchos testimonios denuncian que son los propios operadores jurídicos, incluido el abogado de oficio, quienes presionan para alcanzar un acuerdo de conformidad. Se plantea una disyuntiva cruel: declararse culpable de un delito no cometido para no entrar en prisión y mantener el contacto con los hijos, o defender la inocencia a costa de perder el vínculo paterno-filial durante todo el proceso penal.
Las secuelas invisibles de aceptar la culpabilidad
Quienes sucumben a este abismo judicial y aceptan la culpabilidad por no perder a sus hijos, entran automáticamente en la maquinaria del Sistema Viogén, del que resulta prácticamente imposible salir. Esto conlleva antecedentes penales, una orden de alejamiento inamovible y la obligación de asistir a un curso de reeducación sobre violencia de género.
Estos cursos, que suelen tener una duración de 8 meses con asistencia obligatoria cada 15 días, se han convertido en una trampa laboral. Los horarios impuestos por la administración chocan frontalmente con las jornadas laborales. Las empresas, ante las reiteradas ausencias del trabajador (hasta 4 días en un solo mes), terminan optando por el despido.
La paradoja del sistema se revela entonces en toda su crudeza: la pérdida de empleo imposibilita el pago de la pensión de manutención. Las medidas diseñadas teóricamente para proteger a la familia acaban asfixiando económicamente al entorno y perjudicando de forma directa a las «pequeñas criaturas», que ven mermados sus recursos para alimentación y gastos básicos.
«Un calvario irremediable»
El impacto psicológico de estas decisiones forzadas es devastador. Un afectado directo, que se declaró culpable exclusivamente para no perder el contacto con sus hijos, resume la crudeza de su situación: «Si llego a saber por lo que estoy pasando, hubiese aceptado no ver a mis hijos para evitar este calvario, ya que ellos también lo notan».
El drama se acentúa en casos donde, a posteriori, existen declaraciones de la parte denunciante admitiendo que la acusación fue inventada por despecho. Una vez que la maquinaria judicial de la conformidad se ha cerrado, revertir el proceso es un muro casi infranqueable, dejando a los afectados atrapados en un sistema que tildan de «cruel e irresponsable».
