Cámaras de videovigilancia en Sanlúcar: escándalo y falta de transparencia

La tranquilidad institucional en Sanlúcar de Barrameda se ha visto gravemente alterada tras las recientes denuncias sobre el sistema de vigilancia municipal. El Grupo Municipal Socialista ha alzado la voz ante lo que consideran un escándalo sin precedentes: la existencia de más de 40 cámaras de videovigilancia operando en la ciudad sin un marco claro de gestión, control o transparencia.

¿Quién vigila a los ciudadanos?

La preocupación principal reside en la absoluta opacidad con la que se están tratando las imágenes captadas por estos dispositivos. Según las declaraciones de los representantes sindicales y de la Policía Local, no existe constancia de que los agentes estén supervisando las grabaciones, ni se conoce con certeza quién tiene acceso a los datos obtenidos ni bajo qué criterios se custodian o destruyen.

Esta situación ha encendido todas las alarmas sobre la posible vulneración de la privacidad y los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de Sanlúcar.

«De confirmarse que un delegado del Gobierno está accediendo a imágenes para comunicar incidencias, estaríamos ante una situación que requiere explicaciones inmediatas y contundentes por parte del equipo de Gobierno.»

Un presunto fallo de seguridad crítica

Más allá de la gestión de las cámaras, la gravedad del asunto escala hasta una presunta brecha de seguridad. Se ha denunciado un posible acceso no autorizado a los sistemas de información de la Policía Local. Este incidente habría expuesto datos altamente sensibles, tales como:

• Números de DNI de los ciudadanos.
• Matrículas de vehículos registrados.
• Información personal asociada a expedientes policiales.

A día de hoy, el alcance real de esta filtración sigue siendo una incógnita. El PSOE local subraya que, ante la falta de respuestas claras, la ciudadanía tiene derecho a saber si este incidente afecta a decenas, cientos o miles de registros personales.

Un silencio administrativo inaceptable

Lo más inquietante para la oposición no es solo el hecho en sí, sino la falta de transparencia del Ayuntamiento. A pesar de haber solicitado información detallada en reiteradas ocasiones —desde el pasado 8 de abril—, las respuestas obtenidas han sido, cuanto menos, insuficientes. Mientras el Gobierno municipal reportaba la existencia de apenas tres cámaras en puntos específicos, la realidad que denuncian los trabajadores apunta a una red mucho más extensa y descontrolada.

La exigencia es clara: la comparecencia inmediata de la alcaldesa, Carmen Álvarez, para aclarar la gestión, el control de estos sistemas y, sobre todo, para explicar qué medidas se están tomando para proteger la integridad de los datos de los sanluqueños.